SOGAMA apura plazos para privatizar parte de su operativa, limitando la concurrencia de empresas
Denuncian falta de transparencia por parte de SOGAMA en los procesos de adjudicaciones, derivados de los distintos concursos producidos desde el año 2010
Luis Bará (BNG): “Todo parece indicar que estamos delante de un contrato cocinado”
El contrato con el que se pretende llevar a cabo la operación y mantenimiento de la planta de co-generación, planta termoeléctrica y comunes del Complejo Ambiental de Cerceda, es un contrato complejo con el que se pretende concesionar el servicio a un conjunto de instalaciones de este complejo ambiental: la incineración. Pero este concurso condicionará la capacidad de otras áreas como la escombrera y reciclaje de envases, además de la propia actividad de incineración de la planta. Así se desprende del “pliego” hecho público por SOGAMA, en plenas vacaciones de verano que, por esta razón y las características técnicas del mismo, condicionará la participación de candidatos a hacerse con la gestión. Además, limitará de facto a ungrupo empresarial orensano(y su entorno empresarial y familiar) que suele hacerse con casi todas las contratas de esta empresa pública, y no más de una o dos empresas o UTEstendrán la posibilidad de participar en el proceso, cuyo plazo de presentación finaliza el 15 de septiembre (cuando lo habitual es que hasta una docena de empresas se presenten a este tipo de “jugosos” concursos públicos). Actualmente, casi todas las concesiones de SOGAMA son explotadas por el mismo grupo de empresas orensanas. El presupuesto de licitación podría alcanzar los 226 millones de euros.
El concurso pretende la concesión de la gestión y explotación de las instalaciones relacionadas con el tratamiento de la fracción resto/CDR destinadas a la incineración: PTE (planta de valorización energética); PCOG (planta de co-generación que cede el calor para secar el residuo) y depuradoras y servicios comunes (se prevé la incorporación en el 2022 de la explotación de las depuradoras actualmente en servicio, así como las instalaciones auxiliares necesarias para la prestación del servicio (vertedero de cenizas/escorias, suministros de agua, almacén de repuestos…).
Fechas, redacción del pliego y falta de información a candidatos hacen pensar en una nueva “adjudicación orientada”. En los distintos concursos que se vienen produciendo en los últimos años, desde el 2010 hasta hoy, todos (menos uno) de los grandes contratos de SOGAMA fueron adjudicados a empresas del entorno familiar, geográfico y/o empresarial:GESECO,Valtalia,COPASA,SetecBuilding, Sogapol, Papeles y Desarrollos, etc. Al mismo tiempo, contratos anteriores como la del transporte de los residuos de plantas de trasferencia a la central de SOGAMA tienen al mismo “conglomerado” empresarial al frente de la concesión. Esto hace despertar en diversas organizaciones sospechas de falta de transparencia en los procesos de esas adjudicaciones. Tal es el caso que, sobre esta que nos ocupa, y según pudo saber Galicia Ambiental de fuentes próximas al propio concurso y a las empresas que podrían participar en él, se espera que (además de la citada o su entorno, concesionaria habitual de servicios SOGAMA) no más de una o dos UTEs puedan concurrir a este concurso dadas las dificultades que se están poniendo a la libre concurrencia.
Por fuentes próximas consultadas por Galicia Ambiental, el análisis del pliegopone en evidencia numerosas irregularidades que no ayudan a despejar dudas sobre la transparencia del proceso:
- Por los criterios de valoración y la complejidad (SOGAMA lo reconoce en la memoria de justificación del pliego) hace imprescindible conocer muy bien la instalación. Imposibilitado por el período vacacional.
- SOGAMA no ha puesto a disposición de los licitadores toda la información del proyecto por medios electrónicos. Se ha establecido un mecanismo de cita previa y de acceso a la información de forma presencial.
- La mayor parte de lainformación técnica del proyecto está todavía en formato papel.
- No se han puesto a disposición de los licitadores los informes ambientales que por AAI se tienen que entregar anualmente. Ni los datos de operación.
- Sorprende que no se constituya un comité de expertos para la valoración técnica, que permitiría adaptar la instalación a la nueva normativa europea y a las nuevas obligaciones de gestión separada de orgánico.
- En los próximos 10 años, Galicia tiene que transformar el modelo de gestión de residuos y se hace un pliego donde las mejoras solamente pesan 6 puntos sobre 45 puntos y no están suficientemente reflejadas. No se facilita información suficiente en el pliego.
El pliego condiciona la puntuación obtenida en el apartado técnico (por tanto, subjetivo a la discreción de la valoración del equipo que lo examine) al corresponderles 45 puntos, convirtiendo este apartado en eliminatorio, aunque suponga mejoras técnicas y de gestión. Al apartado económico se asignan 55 puntos, pero 20 de estos están condicionados por valores limitativos.
Desde organizaciones ambientalistas y políticas consultadas se confirmó a Galicia Ambiental que solicitarán a SOGAMA que habilite todos los medios para dotar de transparencia al concurso y se revise con criterios técnicos el apartado homónimo, fundamental para el futuro de la gestión de residuos en Galicia y para la mejora de los niveles de reciclaje y sostenibilidad con la entrada en vigor de los nuevos deberes de gestión de la fracción orgánica. Esta reconsideración debería pasar por abrir el concurso a aportaciones tecnológicas que contribuyan a ambas mejoras y, de camino, permitan la obtención futura de un CDR (Combustible Derivado de Residuos) de alta calidad que minimice el volumen de residuo a incinerar (cero orgánico) y maximice la eficiencia energética obtenida del CDR. La primera consecuencia será, además, una reducción de más de un 20% en el uso del vertedero… estos días centro de acusaciones de ser el aparente origen del brote de botulismo que está provocando la muerte de miles de aves en toda Galicia, como consecuencia del depósito de materia orgánica sin tratar en plena ola de calor.
Según el portal Contratos Públicos de Galicia, la concesión del servicio para la operación y mantenimiento de la planta de co-generación, planta termoeléctrica y comunes del Complejo Medioambiental de Cerceda Exp. 2020G-DTE-0109-SARA-CONS es un tipo de tramitación ordinaria que cuenta con un tipo de procedimiento abierto. Se trata de un tipo de contrato de concesión de servicios, y el presupuesto base de licitación es de 256.086.212,50 con IVA. El valor estimado es de 211.641.497,94 sin IVA.
Diversas fuentes parlamentarias y gestores de servicios han mostrado su sorpresa ante la información proporcionada por Galicia Ambiental y concuerdan en que la Xunta de Galicia deberá dar explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento seguido y las aparentes irregularidades que en él se contienen. En este sentido, el diputado parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y habitual portavoz actual de cuestiones medioambientales en O Hórreo, Luis Bará, afirmó a petición de Galicia Ambiental que “esta licitación del contrato de la planta de incineración de SOGAMA es realmente un mega contrato de 256 millones de euros que compromete la gestión de la planta por los próximos diez años. Pensamos que esta licitación está rodeada de sombras y de sospechas y que, de nuevo, algo huele a podrido en Cerceda”.Para explicarlo, Bará añade: “En primer lugar, se trata de una licitación hecha en el mes de agosto con el plazo de un mes, con un pliego de gran complejidad y donde nos consta la dificultad para acceder a la documentación. En segundo lugar, tenemos dudas con respecto a los criterios de valoración que parecen hechos para premiar proyectos continuistas y no valoran mejoras como pueden ser alcanzar unas mayores cuotas de reciclaje, que debería ser un objetivo prioritario. Esto ocurre porque el objetivo declarado de SOGAMA es que la planta de incineración queme cuanta más basura mejor, por eso no se valoran esas alternativas y esas mejoras”.
En tercer lugar, Luis Bará explica que “se pretende blindar por diez años un sistema obsoleto, costoso, centralizado, ineficiente y contaminante como es el de SOGAMA y que, además, va en contra de la directiva europea deresiduos. En estos momentos, contradice lo establecido en la Ley estatal y la Ley gallega de residuos, que establecen la obligación de recogida separada y el tratamiento de los biorresiduos (que son la mitad de los residuos urbanos), lo cual pone en cuestión este contrato y el objetivo de SOGAMA de quemar esta cantidad de basura que se debería reciclar y reutilizar”. En resumen, Bará expresa que todo parece indicar que “estamos delante de un contrato cocinado para beneficiar a un grupo empresarial que ya controla en régimen de cuasi monopolio el 90% de los contratos de SOGAMA, lo que supone más de 500 millones de euros en la planta de incineración, en la planta de clasificación, en la gestión del vertedero y también en la gestión de la planta de compostaje de Cerceda”. Por último, recuerda que habría que añadir el control que este grupo empresarial tiene, de gran parte de los contratos de transporte y gestión de plantas de transferencia. Por todos estos motivos, el BNG anunció que va a solicitar en sede parlamentaria explicaciones del gobierno gallego. Además, no descarta la petición de suspensión de la licitación de este contrato y que se tengan en cuenta los criterios marcados en la directiva europea, en la legislación estatal y gallega y los objetivos de reciclaje que tiene que cumplir nuestro país.
Algunas organizaciones ya han confirmado que, de verificarse la existencia de esos elementos en los próximos días (hoy día 15 finaliza el plazo de presentación de ofertas) que atentan contra la competencia, valoran dirigirse a la Xunta y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC).El objetivo es interesar una posible revisión del proceso y las candidaturas presentadas, formulando consulta a la CNMC sobre la legalidad de este procedimiento de contratación o la eventual existencia de información privilegiada u oculta a licitadores. Este concurso establece, en la práctica, unos condicionantes técnicos que restringen la concurrencia y la igualdad de oportunidades en el proceso de contratación.